Caída de la monarquía. 

Después de la renuncia de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930, le sucedieron al frente del gobierno el general Dámaso Berenguer (enero de 1930—febrero de 1931) y el almirante Juan Bautista Aznar (febrero—abril de 1931). Pero ninguno de ellos pudo resolver los problemas internos a los que se agregaron los efectos de la crisis económica mundial, ni frenar los disturbios ocasionados por los intereses opuestos de los diferentes grupos sociales y fuerzas políticas.

Mientras tanto, la oposición republicana se había organizado mediante el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), al que se unieron los separatistas catalanes y los socialistas moderados. En este acuerdo se llegó al compromiso de que al establecerse la República se presentaría un Estatuto de autonomía para Cataluña y se buscaría entablar relaciones con las organizaciones obreras más importantes, PSOE y CNT, para atraer el apoyo obrero a la causa republicana.

En las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, los partidos republicanos obtuvieron una gran mayoría; en las capitales de provincia 67% del electorado (el sufragio era universal masculino) votó a favor de la unión republicano—socialista y en contra de la monarquía. Ante esos resultados, el rey Alfonso XIII decidió abdicar y partió para el exilio. La República había triunfado a través de una vía pacífica y demo­crática.

La Segunda República.

La República fue proclamada el 14 de abril, tras lo cual se instaló un gobierno provisional que convocó a elecciones para las Cortes Constituyentes. Dichos comicios, celebrados el 28 de junio siguiente, dieron mayoría a la coalición Republicana Socialista, ya representada en el gobierno provisional que continuó en funciones. La nueva Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931, fecha en que también fue nombrado Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República (jefe de Estado) y días después fue designado Manuel Azaña en calidad de presidente de gobierno (jefe de gobierno).

Durante los primeros dos años de la Segunda República, el llamado Bienio reformista (noviembre de 1931 a noviembre de 1933), el gobierno buscó la transformación económica, social y política de España, a través de las siguientes medidas:

a)  La promulgación de una serie de decretos tendientes a corregir los abusos que los propietarios agrícolas solían realizar en las contrataciones, y la creación del Instituto de Reforma Agraria destinado a expropiar, sin indemnización, las tierras de la alta nobleza.

b)  La separación de la Iglesia y el Estado que incluía la disolución de las órdenes religiosas, entre ellas la de los jesuitas cuyas propiedades serían confiscadas; a las demás órdenes se les prohibía ejercer la industria, el comercio o la enseñanza, y los sacerdotes quedaban sometidos al pago de impuestos como todos los ciudadanos.

c)  La reforma en la estructura del ejército, compuesto hasta entonces por un número desproporcionado de jefes y oficiales. La reforma implicaba la reducción de las regiones militares de 16 a 8, y la abolición del Tribunal Supremo del Ejército y de la Armada, cuyas atribuciones pasaron a los tribunales ordinarios. Asimismo se anunció una revisión en la política de ascensos por méritos de campaña, establecida durante la anterior dictadura.

d)  La promulgación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que facultaba a la región para constituir un gobierno que llevaría el nombre de una antigua instl­tución de origen medieval, la Diputación del General o Gen eralitat. El gobierno catalán tendría competencias legislativas y ejecutivas en hacienda, economía enseñanza, cultura, sanidad, transporte, comunicaciones y obras públicas. En manos del gobierno central quedaban los asuntos exteriores, la defensa y el con­trol de fronteras.

La aplicación de las reformas encontró serios obstáculos de parte de las fuerzas conservadoras y del ejército, incluso un fallido golpe de Estado encabezado por el general José Sanjurjo. Los grupos de derecha decidieron organizarse en contra de las medidas gubernamentales y en marzo de 1933 formaron la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), bajo el liderazgo de José María Gil Robles, en tanto que cobraban fuerza los partidos de corte fascista, como las Juntas de Ofensiva Nacional—Sindicalista (JONS) y la Falange Española (FE), creada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. Los miembros de estas organizaciones constituyeron grupos paramilitares uniformados que, con camisas azules, actuaban en las calles a imitación de los grupos de asalto nazis (camisas pardas) o de los fascistas italiianos (camisas negras).

De la misma manera que Mussolini encontraba en el antiguo Imperio Romano un modelo para su Estado fuerte, el fascismo español representado por las JONS y la Falange, poseía nacionalismo exacerbado basado en una visión reduccionista de la historia que tenía sus raíces en la época de formación del Imperio Hispánico, durante el reinado de los Reyes Católicos.

En particular, José Antonio Primo de Rivera se oponía al marxismo por su internacionalismo, incompatible con su idea de una patria española, o más bien castellana, y se oponía también a la lucha de clases, a la que calificaba como “dogma monstruoso”. Criticaba el liberalismo por su carácter individualista y rechazaba el sistema democrático; proponía la desaparición de los partidos políticos para sustituirlos por las “unidades naturales, la familia, el municipio y la corporación laboral”. Responsabilizaba al capitalismo de haber provocado una injusta situación social en beneficio de los más ricos, pero también desaprobaba al socialismo por haber dege­nerado, según él, en una corriente de venganza basada en el odio. José Antonio Primo de Rivera proponía, por último, el liderazgo natural de un jefe que estuviera al mando de un Estado fuerte. Estas ideas fundamentaron el nacionalsindicalismo versión española del fascismo.

Los partidos de derecha aprovecharon el descontento hacia las reformas del gobierno de Azaña y obtuvieron mayoría en las elecciones generales de noviembre de 1933, en las que por primera vez votaban las mujeres. El CEDA obtuvo el mayor número de escaños en las Cortes y el gobierno quedó en manos del Partido Radical Republicano, liderado por Alejandro Lenoux. Comenzaba así el llamado Bienio Negro de la Segunda República (noviembre de 1933 a diciembre de 1935), durante el cual el gobierno tampoco pudo resolver los graves problemas del país y se limitó a inten­tar regresar a la situación existente antes de 1931. La política reformista del primer bienio fue prácticamente desmantelada por una serie de decretos que constituyeron una auténtica contrarreforma del conservadurismo que agudizó las tensiones sociales y políticas  A principios de octubre de 1934, los partidos de izquierda esperaban que el presidente de la República, Alcalá Zamora, convocase elecciones, pero éste encargó a Lerroux formar un nuevo gabinete; en éste se incluyeron tres miembros de la CEDA (uno de los cuales ocupó el ministerio de Agricultura), de modo que la derecha lle­gaba al poder. Este hecho, al que se agregaban el crecimiento del desempleo y la amenaza del fascismo, aumentada a raíz de que la FE y las JONS se fusionaran en febrero de ese año, dio origen a una insurrección obrera que estalló en Asturias en el mes y de octubre, al tiempo que en Barcelona un movimiento separatista proclamaba el Estado Catalán ante el temor de que fuera anulado el Estatuto creado durante el primer bienio republicano. El gobierno logró dominar en poco tiempo ambos movimientos, que con ayuda de tropas trasladadas con urgencia desde Africa.

Después de la revolución de octubre, el número de ministros de la CEDA se elevó e a cinco, entre los cuales se encontraba Gil Robles como ministro de Defensa, quien a su vez nombró jefe del Estado Mayor al general Francisco Franco.

Pero el gobierno de Lerroux tampoco pudo sostenerse; dañado por un escándalo de corrupción, perdió credibilidad y fue destituido. El presidente de la República constituyó entonces un gobierno de tendencia central, y en enero de 1936 se disolvían las Cortes y s econvocaban nuevas elecciones para el 16 de febrero.

Al mismo tiempo, los grupos y partidos de izquierda (republicanos, socialistas y comunistas) se integraron n un bloque denominado Frente Popular (como el formado en Francia). Esta organización polí­tica obtuvo mayoría en las elecciones de febrero de 1936, dejando  atrás a la coalición de derechas denominada Frente Nacional Antirrevolucionario. Manuel Azaña volvió a ocupar la presidencia del Sublevación en Barcelc gobierno y entre sus acciones destacaron: la amnistía para los presos de la Revolución de Octubre de 1934; la continuidad de las reformas del primer bie­nio republicano; la aprobación del Estatuto catalán; y el traslado de los generales Franco (a Canarias), Goded (a Baleares) y Mola (a Pamplona), para evitar que orga­nizaran alzamientos militares.

Pero el nuevo gobierno se encontraba en una situación difícil, pues continuamente ocurrían incidentes esestabilizadores relacionados con la crisis europea y mundial de los años treinta. Las huelgas estallaron por todas partes mientras se multiplicaban las tomas de tierra por parte de los campesinos y la violencia urbana se manifestaba en enfrentamientos callejeros. A todo lo anterior se agregaban las acciones realizadas por los extremistas de izquierda en contra de los sacerdotes católicn En esas circunstancias, las Cortes destituyeron a Alcalá Zamora y se eligió a Manad Azaña como presidente de la República, y a Santiago Casares Quiroga como jefe dt gobierno, quien trató de administrar el país entre el temor a la subversión social de las izquierdas y el miedo al golpe de Estado militar apoyado por las derechas que habí comenzado a gestarse.

Los planes para derribar la República, dirigidos por los militares, se iniciaron en el momento mismo de conocerse los resultados de las elecciones y fueron cobran. do fuerza hasta que, en el mes de julio, los ánimos se exaltaron con el asesinato del líder derechista Calvo Sotelo, realizado por unos socialistas como represalia por el homicidio de su compañero el teniente Castillo, a manos de fuerzas de extrema derecha. Estos sucesos desencadenaron el estallido de la Guerra Civil, la noche del 17 de julio de 1936.

La Guerra Civil Española fue un acontecimiento bélico nacional que, al participar los factores ideológicos, políticos y económicos que convulsionaban el resto de Europa en los años treinta, trascendió las fronteras de España y atrajo la intervención de paí­ses extranjeros que aprovecharon el conflicto para convertir al país en un campo de experimentación bélica, en los umbrales de la Segunda Guerra Mundial.

En el ámbito interno, las fuertes tensiones sociales derivadas del atraso económico del país y de la desigual distribución de la riqueza habían generado un clima de insatisfacción de parte del pueblo hacia sus gobernantes quienes, además de haberse mostrado incapaces de avanzar en la modernización del país y elevar el nivel de vida de sus habitantes, ni siquiera habían podido alcanzar la estabilidad necesaria para avanzar sin sobresaltos en la evolución de la vida política. Así, las profundas diver­gencias políticas se sumaron al descontento social y crearon una situación explosiva que desembocó en el estallido de una terrible guerra civil que dividió y devastó España.

El conflicto se inició el 17 de julio de 1936, con el alzamiento de una fracción del ejército encabezada por los generales Mola y Franco, quienes se trasladaron desde el Marruecos Español para ponerse al frente de las operaciones militares, con el propósito de acabar con el gobierno republicano constitucional, dirigido en ese momento por la coalición izquierdista del Frente Popular. El bando sublevado representaba a las fuerzas de derecha y extrema derecha, es decir, a la España rural católica tradicional de los grandes propietarios agrarios, así como al gran capital conectado con numerosos intereses extranjeros. Mientras que los pequeños propietarios campesinos reclutados en la Falange y los grupos carlistas (los llamados “requetés”) constituían el apoyo popular de los rebeldes. Los miembros de las clases medias favorecieron a uno u otro bando en función de su ubicación geográfica.

A pesar de que los sublevados se autodenominaron “nacionales”, en referencia a su propósito de unificar al país bajo un gobierno central que enalteciera la patria castellana, recibieron —desde los primeros momentos y a lo largo del conflicto— el auxilio de tropas italianas y alemanas, además de suministros de armamento y muni­ciones. Por su parte, la ayuda soviética y la oleada de simpatía que despertó la causa de la República en Europa y América (en México particularmente) dieron paso a la formación de unidades de voluntarios extranjeros de diversas nacionalidades, deno­minadas brigadas internacionales, integradas por soldados veteranos de la Primera Guerra Mundial, obreros, estudiantes o intelectuales que se trasladaron a España para luchar contra el fascismo.

Pero mientras la intervención nazi—fascista en apoyo de los sublevados fue inme­diata, las fuerzas republicanas que defendían al gobierno democrático de España no pudieron contar con la ayuda de las potencias occidentales (Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña), que no parecían dispuestas a apoyar la República por temor al establecimiento de un régimen comunista en España, decidieron adoptar una política de “no intervención” y pidieron que ésta fuera secundada por las demás naciones, actitud que resultó en beneficio de los rebeldes.

El alzamiento se propagó por diversas regiones y ocupó numerosas capitales de provincia, pero no pudo tomar Madrid donde fue reprimido. Hacia los últimos días del mes de julio, el país se había dividido en dos zonas mutuamente enemigas, división que más o menos se acomodaba al resultado electoral de los últimos comicios.

Una vez que el gobierno de las diversas localidades quedó en manos de los rebel­des, se formó en Burgos una Junta de Defensa Nacional, que actuó como dirección política y en la que Francisco Franco —nombrado Generalísimo del Ejército después de la muerte del general Sanjurjo, jefe de la conspiración— ocupó el mando con el cargo de jefe de gobierno del Estado, es decir, como máxima autoridad política. En este proceso fue muy importante la unificación de la Falange y las JONS en “una sola entidad política de carácter nacional”, cuyo jefe supremo sería Franco. Este, para fortalecer su liderazgo, se hizo denominar “caudillo”, versión castellana del apelativo Duce adoptado por Mussolini, mientras los medios de propaganda comenzaban a difundir el lema “Una Patria, un Estado, un Caudillo”, adaptación española de la frase hitleriana “Fin Reich, em VoJk, em Fuhrer”. De esta manera, la concentración de poderes era total y se configuraba un nuevo Estado de tipo autoritario, similar a los de Alemania e Italia.

A diferencia de la unificación política lograda por Franco en el bando rebelde, el gobierno republicano padecía divisiones internas yuna situación de crisis evidenciada en los cambios de jefatura efectuados durante el conflicto. Desde los primeros días del alzamiento y conforme se sucedían las derrotas del ejército republicano, la autor ridad central se debilitó y no pudo contener los enfrentamientos entre anarquistas y comunistas que generaron divisiones intensas y ocasionaron de la unidad política e incluso militar en el ámbito republicano, con consecuencias para la causa del gobierno constitucional.

En la primavera de 1937, los republicanos obtuvieron algunas victorias y los rebeldes decidieron centrar sus principales operaciones en la zona norte. El 26 de abril, la Legión Cóndor de la aviación alemana ocasionó una brutal agresión contra la población de la ciudad vasca de Guernica, donde Hitler inauguró el devastador armamento que preparaba para hacer estallar una nueva Guerra Mundial. Para octubre, las tropas rebeldes habían logrado dominar la zona norte con excepción de la porción noreste (Cataluña) y ocupaban una franja de territorio que, por el oeste, se extendía hasta el extremo sur de la Península Ibèrica, ademàs de Marrueco español.

A finales de 1937, los republicanos obtuvieron una gran victoria en Teruel, pero esta ciudad cayó en poder de los rebeldes en febrero del siguiente año. Entre marzo y julio de 1938, se llevó a cabo la operación Aragón—Mediterráneo, que constituyó un avance de las tropas “nacionales” hacia el mar y significó la partición del territorio republicano en dos zonas desiguales. En los siguientes meses de 1938 se llevó a cabo la batalla del Soldado, Ebro, que resultó ser una campaña de desgaste contra el ejército republicano, cuya derrota dejó despejada la ruta para que los sublevados pudieran avanzar hacia Cataluña, lo que significaba prácticamente el triunfo definitivo de las fuerzas rebeldes.

Ante la inminente derrota, en noviembre de 1938, Juan Negrín (jefe de gobierno desde mayo de 1937) buscó una paz negociada y emitió una propuesta de con­diciones mínimas: garantía de independencia española, derecho del pueblo a escoger su propio gobierno y renuncia a las represalias. Sin embargo, estaba claro que era inútil cualquier intento de negociar con Franco una paz con condiciones, pues el caudillo pretendía la aniquilación total de la República.

El 28 de marzo, las tropas franquistas entraban en Madrid y tres días más tarde caían las últimas plazas leales al gobierno republicano. La guerra se dio por terminada el 1 de abril de 1939; la República se desmoronó y sus representantes huyeron al extranjero, estableciendo un gobierno republicano en el exilio. Pero el fin de la guerra civil no sig­nificó que España recuperara la paz. Al establecerse en todo el país el gobierno de Franco, dio comienzo una etapa de atroces represalias en contra de los vencidos; sólo quedaron a salvo de la represión los que marcharon al exilio y de éstos particularmente los que marcharon a América precedidos por los niños que durante la guerra habían sido enviados a México; los exiliados que se dirigieron a Francia se salvaron sólo de forma momentánea hasta que este país fue ocupado por los nazis.

Consecuencias. 

La principal consecuencia de la Guerra Civil Española fue la gran cantidad de pérdidas humanas (casi un millón), no todas atribuibles a las acciones propiamente bélicas y sí muchas de ellas relacionadas con la violenta represión ejercida o consentida por ambos bandos, entre las que se pueden incluir las muertes producidas por los bombardeos sobre las poblaciones civiles.

En el aspecto político, el resultado fue el brusco cambio de un gobierno emanado de las urnas electorales a otro surgido de las armas; es decir, el final de la democracia para dar paso a una férrea dictadura que se prolongaría hasta la muerte de Franco en 1975.

Las principales consecuencias en el plano económico fueron: pérdida de reservas materiales y financieras, disminución de la población activa, destrucción de infraestructura, disminución dc la próducción y reducción en el nivel de ingresos .La  mayoría de la población española padeció durante la contienda y por las siguientes dos décadas, los etectos del racionamiento y la privaticiòn de bienes de consumo. Ell Plan Marshall, que después de la Segunda Guerra Mundial ayudó en la recuperación económica de otros países europeos, no se hizo extensivo a España debido a que el régimen franquista debía su triunfo a la ayuda nazi—fascista. La Guerra Civil Española, con todas sus brutales implicaciones para la población y el desarrollo político y económico del país, parecía constituir el preámbulo de la nueva guerra total que amenazaba al mundo entero, un conflicto que colocaba a las naciones occidentales en la disyuntiva entre el terror rojo y la amenaza fascista, una guerra cuyo desarrollo y pavaoros desenlace final, fundamentarían los cimientos de la etapa històrica que hoy llamamos “mundo actual”.

En realidad, la democracia se vio trastornada por la Gran Guerra y después de ésta ya fiO pudo recuperar realmente su verdadero lugar en el concierto de las naciones. El desarrollo de las dictaduras nacionalistas precipitÓ su crisis, y la guerra de España es uno de los ejemplos que quizá lo ilustren más trágicamente.

Sobre el gran “lienzo” del Guernica, Picasso quiso reflejar su particular visión del horror de las guerras fratricidas al tiempo que el fra­caso de la gran ilusión de la permanencia de la realidad democrática. ¿Por qué la democracia iba a ser eterna? Muchas personas se preguntaban unayotravez sino eran ya necesarios nuevos modelos políticos para este siglo de hierro. Ya, en 1919, en su obra La decadencia de Occidente, Oswald Spengler anunciaba la venida de los Césares y la desaparición de la democracia parlamentaria, a medida que aumentasen las masas populares. En 1934, Keyserling publica La revolución mundial y la Responsabilidad del Espíritu, libro prologado por Paul Valéry, y en el que su autor sostiene la necesidad de una intervención de lo irracional en las instituciones, afirmando que la democracia ya había cumplido su papel y que el siglo xx es una época de “domadores” (de masas). 1936-1939 son los años del fracaso de los frentes populares y del triunfo de las dictaduras. En 1940, Lucien Rebatet publica Decombres, donde tras un repaso al itinerario seguido por la democracia camino del abismo, concluye, erróneamente, con su muerte definitiva.

http://www.portalplanetasedna.com.ar/civil_espanola.htm

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